Roatán, Honduras, 19 de septiembre de 2024 - La posible decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) inconstitucional y peor aun con efecto retroactivo tendría graves repercusiones para el país, socavando su estabilidad democrática y económica.
La gran mayoría de los juristas hondureños considera que la aplicación retroactiva de las sentencias de inconstitucionalidad para eliminar empleos e inversiones va en contra del derecho hondureño. Un fallo de este tipo no solo crearía un clima de inseguridad e incertidumbre para inversionistas y empleados, sino que también abriría la puerta a una persecución generalizada de los partidos de oposición por el supuesto "delito" de votar a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados en Honduras y ha atraído más de $300 millones en inversiones al país.
No hay nada que ganar con un fallo así. Una decisión que invalide retroactivamente las inversiones en las ZEDE indudablemente daría pie a reclamos de expropiación y debilitaría las defensas presentadas por el Estado de Honduras en las demandas de arbitraje internacional. Un fallo que se aparte de décadas de precedentes ininterrumpidos en Honduras no tendría ninguna legitimidad.
Más de 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en estos proyectos. Ciudadanos de más de 20 países están haciendo negocios en Próspera y otras ZEDE. A nivel internacional, una decisión de este tipo dañaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y muchos otros países, llevando a sanciones que podrían incluir la cancelación de visas, la suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas. De hecho, decenas de congresistas de ambos partidos en Estados Unidos ya han expresado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDE.
La estabilidad del sistema financiero nacional también estaría en riesgo, ya que bancos hondureños tienen préstamos activos vinculados a proyectos en las ZEDE. El impacto económico de una decisión retroactiva podría aumentar el perfil de riesgo del país, elevando los costos de financiamiento para Honduras y dificultando el crecimiento económico a largo plazo.
En resumen, una decisión sin precedentes de esta magnitud pondría en peligro el progreso y las oportunidades que Honduras necesita. Instamos a que se busquen soluciones que garanticen la estabilidad, la inversión y el bienestar de todos los hondureños.
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